Luego de tres pilotajes de visitas en los más de 20 centros penales en todo el territorio nacional, defensores de los derechos humanos reportan un alto número de contagios por COVID-19 en la comunidad penitenciaria. Hugo Maldonado, coordinador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), es del criterio que no se ha podido manejar correctamente las visitas de los familiares a los internos.
“La crisis sanitaria afuera de las cárceles es aguda y creemos que la llegada masiva de parientes de los que no se sabe su situación de salud, ha propiciado nuevamente un descontrol en las prisiones” dijo Maldonado y agregó que “en los centros penales no se cuenta con un verdadero manejo de las medidas de bioseguridad, lo que propicia que los casos vayan a la alza y se presentan con mayor agresividad”.
Glenda Ayala, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), manifiesta que es necesario que el sistema de salud para estos ciudadanos sea más expedito. “Sabemos que ellos tienen necesidad de ver a sus familias y también sabemos que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), hacen lo propio para poder atenderlos y controlar el virus, pero se deben de incrementar los esfuerzos”.
Solución
Ante estos escenarios, las autoridades del INP, han tomado la decisión de no permitir las visitas por parte de familiares durante la recién pasada Semana Santa, pero que seguirán haciendo pilotajes para saber de qué forma mantener este derecho que tienen los privados de libertad, según lo detalló la portavoz de esta institución Digna Aguilar. “No podemos negar que los privados quieren ver a su familia, pero debemos velar porque ellos estén sanos” dijo.
