Más de 1 millón de hondureños no podrían acceder a una vacuna

Según diputados y médicos, el Gobierno irrespeta el derecho a la salud al permitir que empresarios adquieran el medicamento

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La iniciativa y el convenio que se firmó entre la empresa privada y la Secretaría de Salud que permite que los trabajadores puedan tener acceso a la vacuna de manera gratuita contra el COVID-19, es considerada para algunos sectores como un acto de discriminación e incluso hasta un delito de lesa humanidad.

La diputada Doris Gutiérrez, jefa de bancada del PINU-SD, señala que con esto solo se asegura a las personas que cuentan con un empleo, pero son miles de pobres que no tienen acceso a un trabajo.

“Se tienen que atender y tomar decisiones en este tema de las vacunas, pero no se tiene que excluir a nadie porque son un medicamento urgente para la población hondureña” manifestó Gutiérrez. Según el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), 9 de cada 10 hondureños no cuentan con ningún tipo de seguro de salud.

Esta organización apunta que el 18 por ciento de la población, que son al menos uno 1.5 millones de personas, no tienen acceso a los servicios de salud. La presidenta de médicos del Seguro Social en Tegucigalpa, Ligia Ramos, considera que es obligación exclusiva del Estado hacer la compra de las vacunas contra el COVID-19. “Las vacunas que se van a proporcionar en nuestra institución, se gestionaron con el dinero de los afiliados, así que es deber de las autoridades estatales conseguir el resto sin cobrar ningún centavo” expresó Ramos.

Preocupación

Por su parte, el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, sostiene que “La mayoría de los hondureños no gozará del beneficio de la vacuna a través del Seguro Social, lo que puede ser visto como un tipo de discriminación a los que ya sufren las deficiencias del sistema sanitario”.

1 Iniciativa

La cúpula empresarial asegura que ellos lo que quieren es agilizar los procesos de vacunación para inocular a sus empleados y evitar más cierres.

2 Procesos

Lo que se pretende es que se acelere la compra del medicamento, pero sobre todo garantizar que este sea de calidad y no sea perjudicial a la salud.

3 Malestar

La preocupación de los médicos especialistas, es que se logren enriquecer más a los empresarios y se le quite la responsabilidad al Gobierno de brindar salud.

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