Las ZEDE en Honduras promueven la venta del territorio según analistas

Muchos sectores piensan que con estas zonas se promueven “paraísos fiscales” donde no se dará cuenta de dineros que puedan estar ligados al crimen

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Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico conocidas como ZEDE, recientemente aprobadas en Honduras, tienen como referente la experiencia de las regiones administrativas especiales de China, principalmente el caso de Hong Kong y de otros países del oriente y sudeste asiático, como Corea del Sur y Singapur. Las ZEDE son una reformulación de las antiguas RED (Regiones Especiales de Desarrollo).

Las disposiciones constitucionales que establecían las Regiones Especiales de Desarrollo fueron planteadas a finales de 2010 e inicios de 2011 durante la gestión del presidente Porfirio Lobo. Uno de los objetivos planteados por el Gobierno que promueve las ZEDE, es la generación de empleo, asegura el exsecretario de la presidencia, Ebal Díaz, quien además expresó que él promoverá desde el Congreso Nacional la instalación de estas zonas especiales en el Distrito Central.

Trabajo

La premisa sobre la generación de empleo es refutada por empresarios y economistas que sostienen que el Gobierno no ha logrado ni si quiera cumplir con los empleos prometidos en el Programa 2020. El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano, expresó recientemente que si se trata de generar empleo, el narcotráfico produce empleo y eso no significa que sea correcto.

Dentro de los beneficios que se ofrece las ZEDE están las compras y adquisiciones de insumos, bienes y servicios realizadas en el país, pero las empresas que operan en las zonas especiales no son objeto del pago de tributos aplicables establecidos en la ley hondureña, esta determinación es vista por la empresa privada como una competencia desleal para los inversionistas nacionales, además, atenta contra la seguridad jurídica.

Desventajas

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) manifestó a través de su coordinador Mauricio Díaz Burdett, varios aspectos de interés general que se deben analizar antes de invertir en ellas, dentro de los cuales destaca que se desconocen los fundamentos técnicos de las ZEDE, que viola los derechos y recursos de los pueblos indígenas, negros y mestizos de Honduras, también atenta contra la inversión privada del país convirtiendo estas zonas en paraísos fiscales y finalmente ponen en riesgo las finanzas del Estado.

Soberanía

Por su parte, el exsecretario de Industria y Comercio, Fernando García, respalda las declaraciones de abogados que sostienen se está vendiendo a Honduras por partes y agrega que “Este es un acto de despojo y aniquilamiento de la población paulatina y progresivamente es lo que yo calificaría como un genocidio por goteo” añadió.

“Todos los hondureños involucrados directamente en la gestión, diseño, autorización y posible operación de las ZEDE, han cometido el imprescriptible delito de traición a la patria, escudados en una transitoria impunidad e inmunidad, concedida ilegalmente por los ideólogos, gestores y operadores del régimen actual”, expresó el analista Olban Valladares, quien también señala en su análisis que la Ley de las ZEDE no admite revisiones ya que, no solo es una violación a la Constitución de la República, sino que es una afrenta a la dignidad nacional.

Más sectores se siguen sumando en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de su directora Gabriela Castellano, anunció que próximamente darán a conocer su posicionamiento oficial, pero desde ya adelanta que su postura es clara: no a las ZEDE. Extradición El abogado Antonio García, manifiesta que las ZEDE deben de analizarse más allá de un tema económico, pues asegura que este será el refugio de todos los funcionarios del gobierno de Hernández y otros gobiernos para evitar ser extraditados por los EE.UU., ya que estas zonas especiales son autónomas y no existen acuerdos de extradición con ningún país.

Finalmente, diversos sectores de sociedad civil no descartan que surjan recursos de inconstitucionalidad, porque sostienen que se reformó un artículo de la ley orgánica al interpretar el párrafo último del artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, en el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del Artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

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