Las amenazas a la libertad de prensa en Honduras se acrecientan constantemente. La impunidad y el atropello, son elementos que los periodistas y comunicadores sociales del país deben de sortear para el buen desempeño del ejercicio, ello conduce a la autocensura y censura, entre otros factores.
Hasta la fecha se reportan un poco más de 90 asesinatos a periodistas y comunicadores sociales en una década, de ellos apenas 6 casos han sido resueltos, el resto, muy pocos con investigación, han quedado archivados ante la indiferencia de las autoridades. Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha revelado que Honduras se sitúa dos peldaños abajo en violación a la libertad de prensa al igual que Uruguay, Guatemala y Nicaragua, según el Índice Chapultepec que es un barómetro del estado de las acciones institucionales en materia de libertades de prensa y expresión, adoptadas por la SIP en 1994 y 2018, respectivamente. Reflejo de ello, es que solo en 2022 cinco profesionales de las comunicaciones han perdido la vida de manera violenta.
El director y representante de la Oficina Multipaís en Centroamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Alexander Leicht, dijo recientemente que ejercer el periodismo en Honduras es “bastante peligroso”, por lo que hace un llamado rotundo a dar protección a los que están amenazados. Carlos Jornet, presidente de Comisión Libertad de Prensa se ha referido a la difícil situación que atraviesa el gremio hondureño, además enunció el llamado a las autoridades de “profundizar las investigaciones y no descartar la labor periodística para saber si los asesinatos están relacionados con el ejercicio de la profesión”.
Sin protección
Poner en la palestra pública trabajos investigativos, que desenmascaran actos de corrupción en entidades gubernamentales, ha sido objeto para que muchos periodistas hondureños recurran al Mecanismo de Protección de los Periodistas fundado en 2015, sin embargo, en la nueva administración y ante la “barrida” de funcionarios, el 12 de agosto de 2022, despidió a 14 empleados del Sistema Nacional de Protección (SNP), el mecanismo nacional encargado de la protección de los periodistas, defensores de los derechos humanos y operadores de justicia.
“Es inconcebible y escandaloso que el mecanismo de protección, que ya padece una carencia cruel de recursos financieros, pueda ser desmantelado y quedarse sin más de dos tercios de sus empleados”, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de Reportero Sin Fronteras en América Latina. Aún queda mucho por hacer en este importante renglón para fortalecer tan importantes garantías constitucionales, por lo organizaciones siguen exigiendo a las autoridades prontas acciones para evitar más luto y dolor en el gremio periodístico.
