El 19 de marzo de 2020 se ejecuta la primera compra de dos hospitales móviles con la capacidad de 91 camas cada uno, donde se erogaron 392.7 millones de lempiras.
Esto ante lo que se esperaba ante la llegada del Covid-19 al territorio nacional, luego de ser aprobado más de 2,500 millones de dólares para hacerle frente a dicha emergencia, donde se mencionaba por parte de las autoridades fortalecer el debilitado sistema sanitario de la región.
El 2 de abril del mismo año se ejecutó la segunda compra de cinco hospitales temporales, uno con la capacidad de 91 camas y cuatro con 51 camas, en donde se destinaron 781.7 millones de lempiras.
Siendo un pago total de 1,272 millones de lempiras, siendo el precio real de 369.1 millones de lempiras, teniendo una sobrevaloración de 804.8 millones de lempiras.
Compras que se realizaron bajo acuerdo y orientación desde el mismo consejo de ministros, según un audio de una de las llamadas de la exsecretaria de Finanzas Rocio Tabora, en donde le explicaba al extitular de Inversiones Estafeticas de Honduras, (INVEST-H) Marco Bogran, que todas las compras se estarían ejecutando de manera directa desde esa institución estatal.
Insumos que llegaron de manera tardía al país y a su vez no han entrado en funcionamiento, ante los constantes procesos dilatorios que han llevado dichas instalaciones.
Lo que llevo a que el Ministerio Público, iniciará líneas de investigación, hasta llegar a requerimientos fiscales, para luego hacer la detención del exfuncionario Marco Bogran, mientras daba sus declaraciones en relación a una compra millonaria de medicamentos, lo que sería otro caso de investigación.
Escenarios que llevaron a la audiencia inicial, misma que ha llegado a su etapa final con la resolución de auto de formal procesamiento con prisión preventiva, contra Marco Bográn y Alex Moraes, quienes tras la resolución fueron remitidos a un batallón blindado en el valle de Tamara.
La investigación del ente acusador, establece que Bográn en su condición de director de INVEST-H y Alex Moraes como administrador, violaron la Ley de Contratación del Estado, al comprar de manera fraudulenta los siete hospitales móviles.
Pero para la coordinadora de la Coalición Anticorrupción, Fátima Mena, los señalados, estarían siendo arropados, obteniendo protección y beneficios en el nuevo código penal.
Comparativa Código Penal Vigente y legislatura antigua
Artículo 349 Antiguo código penal
Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público.
Articulo 499 Código Penal Vigente
Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (3) a seis (6) años, el funcionario o empleado público.
En el Caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, Orden Público, educación o salud pública, y exijan un cumplimiento inmediato, la pena se debe incrementar en un tercio (1/3).
Beneficios: Ya no existe reclusión, no hay multas (de 20 a 5 mil lempiras diarios)
Con la compra de los siete hospitales móvilesse realizó el pago de 1,272 millones de lempiras, cantidad con la que se hubiera adquirido vacunas en doble dosis, 677.3 mil del mecanismo moderna, 839.9 mil personas vacunadas con la dosis de SINOVA, 1.2 dosis adquiridas del mecanismo Pfizer, 2.6 de Sputnik V, y 7 millones de personas vacunas con la dosis de AstraZeneca.
