Más de 90 mil hondureños han sido vacunados contra el COVID-19 desde que inició el proceso de inmunización, sin embargo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su directora del sector social, Blanca Munguía, asegura tener evidencia documentada que no se ha cumplido el esquema de vacunación de grupos priorizados según los lineamientos brindados por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y existen denuncias de personas particulares que ya se han inoculado antes que los grupos vulnerables.
“Hay aproximadamente 6 casos en investigación y por ello, hemos pedido a la Secretaría de Salud que nos de la información para poder evitar que esto se siga dando” apuntó Munguía e invitó a la población a hacer las denuncias correspondientes en torno a este tipo de situaciones.
Problema “Dentro de este grupo que supuestamente se está vacunando, se incluyen personas del sector público y privado y no se descartan que dentro de las investigaciones aparezcan figuras políticas” detalló Munguía. Al consultarle al jefe de la Región Metropolitana, doctor Harry Bock, manifestó que la responsabilidad de los censos no es competencia de ellos saber quiénes aparecen en la lista, porque ya se establecieron las prioridades.
“Nosotros confiamos en la ética de los directores de los centros de salud y hospitales de que los que se están vacunando están dentro de los listados, si se comete un error les compete a ellos y no a la Secretaría de Salud ni a la Región Metropolitana” aseveró Bock.
Reacciones
Edgar Aguilar, especialista en transparencia de la ASJ, señala que se deben fortalecer los controles para evitar que personas inescrupulosas se coloquen en la lista sin formar parte del grupo priorizado. “En un ambiente donde hay pocas vacunas que todos necesitamos, no es posible que gente con poder se aproveche de la situación, cuando no hay controles” dijo Aguilar.
Denuncias recibidas
Por su parte, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, expresó que ellos también han constatado algunas irregularidades como la falta de organización, un uso inadecuado de los protocolos de bioseguridad y mala atención por parte del personal de salud. “Se debe de respetar el derecho al acceso a la salud en estas jornadas de vacunación” puntualizó Izaguirre.
