A raíz de las últimas acusaciones y señalamientos por parte de autoridades del país
norteamericano en contra del presidente Hernández, por presuntos nexos con el narcotráfico, analistas en materia de seguridad opinan que, en el presente año, los procesos de extradición podrían darse en mayor escala, resaltando figuras públicas y
políticas.
En enero de 2012, el parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional, que permitía la entrega de personas ligadas a la narcoactividad, siendo el primer extraditado Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, dos años después el 8 de mayo de 2014.
Ese mismo año, fueron expatriados otros cuatro hondureños; en 2015, la cifra se mantuvo siempre en cuatro; en 2016 se ejecutaron cinco al igual que en 2017 y durante el 2018 y 2019 se realizaron dos por cada año, siendo el periodo con menos salidas, al igual en el 2020.
“No se extrañaría que este nuevo año los procesos de extradición continúen y hasta en
mayor escala, recordando que el país en los últimos cuatro a cinco años, por la captura de los grandes líderes del narcotráfico en Estados Unido, vincula en los juicios en las cortes de este país a miembros de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, es tos procesos son positivos, pero a la vez reflejan la debilidad en la justicia de Honduras y las falencias e impunidad que impera en el Estado”, detalló el analista en seguridad, Carlos Sierra.
Políticas
Para Fernando Gonzáles, como profesional del derecho, queda esperar la nueva
determinación del presidente Joe Biden, en donde se espera que se den más solicitudes para luego ser procesadas en la Corte Suprema de Justicia hondureña. Profesionales del Derecho en materia penal, manifiestan que, ante la falta de una ley para ejecutar dichos procesos, el Congreso Nacional deberá ir analizando una ley de extradiciones y dejar de un lado la figura de auto-acordado, ya que la Constitución fue reformada en su momento, eliminando la figura de prohibición de entrega de hondureños a otras naciones
