Monseñor Ángel Garachana se refirió recientemente al nuevo código penal aprobado en Honduras. En declaraciones a Vatican News, el Obispo de San Pedro Sula mencionó cinco denuncias en torno al nuevo Código Penal. Asimismo, afirmó que la Conferencia Episcopal de Honduras en 2019 tuvo tres asambleas, en cada una de ellas manifestaron su postura, “pidiendo la abrogación del código y la no entrada en vigencia, todos estos reclamos no han sido tenidos en cuenta. El órgano legislativo ha hecho oídos sordos a este planteamiento”.
Te dejamos cinco denuncias que menciona Monseñor Ángel Garachana en torno al nuevo código penal:
1 El nuevo código tiene graves vicios de irregularidad en el proceso de su aprobación, lo que le convierte en una ley que no se legitima en sí misma y que por tanto genera repudio, rechazo en la población hondureña. Ya en su mismo proceso de elaboración, encontramos vicios de irregularidad
2 Concede facultades amplias y discrecionales a los operadores de justicia en materia penal, lo cual parece que no es coherente con las exigencias de un estado demócratico de derecho y más teniendo en cuenta que el actual sistema judicial de Honduras dista mucho de alcanzar los niveles de autonomía y profesionalidad requeridos.
3 El nuevo código no cumple con las exigencias de una política criminal adecuada al combate de la corrupción, más bien favorece la impunidad de los infractores del patrimonio público. El nuevo código penal junto con otras leyes aprobadas por el congreso pareciera que lo que está haciendo es blindar a los corruptos, en vez de luchar decidida y claramente contra la corrupción.
4 Cuarta las libertades ciudadanas, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, sobre todo agravando esta libertad de expresión, la violación en el empleo de las redes sociales, así como el derecho de reunión, de asociación, de la protesta. Hay algunos artículos preocupantes sobre el derecho a la protesta, que le cargan con un tinte político muy fuerte.
5 La desproporcionalidad entre el delito y las penas que se asignan a esos delitos. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia dice que para tutelar el bien común, la autoridad pública, legítima, si tiene el derecho y el deber de poner penas proporcionales a la gravedad del delito, nos parece que este criterio no se da, la proporcionalidad, pena y delito y así mientras se criminalizan la protesta social, la investigación de actos fraudulentos de la administración pública, se mantiene las penas contra la delincuencia, sin embargo, disminuyen las penas por narcotráfico, por lavado de activos y del crimen organizado, se minimizan los delitos ambientales y laborales contra el bien común, incluso la violencia sexual se suaviza, por una parte se criminalizan actos que no tienen tanta gravedad e incidencia social, disminuye la pena de comportamientos realmente graves para el bien dela ciudadanía, del bien del país.
Escucha aquí el audio de la entrevista que concedió Monseñor Ángel Garachana a Vatican News:
