La extorsión, un flagelo social que se salió de las manos de las autoridades hondureñas

Este delito aumenta la inseguridad en la región, motiva la migración, financia a grupos delictivos, entre otros males

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El Estado hondureño ha quedado rezagado en el combate y lucha contra el delito que afecta de forma directa a los pequeños y medianos empresarios, así como al sector transporte urbano y rural. Situación que se agudiza ante las fuertes políticas que se han implementado en El Salvador, país centroamericano que, aparte de exportar migrantes, ahora da paso a la salida de antisociales, que huyen buscando refugio en Honduras, según las autoridades de seguridad de nuestro país. Este flagelo es tan grave que más de 200 mil hogares han sido víctimas de forma directa e indirecta del crimen organizado. Por su parte, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), ha reportado que el sector transporte es uno de los rubros más vulnerables, dejando en lo que va del presente año 66 víctimas mortales.

Propagación

La extorsión es un fenómeno que se ha generalizado en todo el territorio nacional, llegando a los municipios en donde no se reportaban hechos delictivos, afectando al 10.6 por ciento en los hogares urbanos y 7 por ciento de las familias situadas en el área rural. Los empresarios y dirigentes del rubro, han señalado que más de 55 millones de lempiras se pagan al mes por este flagelo, tocando municipios en donde años atrás no se reportaban actos delictivos. En Honduras, el 70% de la población es usuaria de las diferentes unidades del transporte, quienes se han visto afectados en los últimos días ante las acciones de protestas que se han realizado para exigir a las autoridades gubernamentales del Poder Judicial, así como al Ministerio Público implementar acciones concretas para frenar esta crisis. Con las nuevas tendencias, tal parece que las maras y pandillas van al paso de la tecnología, los pagos también se ejecutan mediante banca en línea, cuentas bancarias, billeteras electrónicas y hasta transferencias, lo que hace que sea más difícil de identificar el robo.

En 2021, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, hoy Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), refleja haber recibido más de 1900 denuncias relacionadas a este delito, para el mismo año el Ministerio Público solo recibió 186 denuncias, mientras que la Policía Nacional muestra 151.

Cada semana el sector transporte reporta dos víctimas mortales, lo que suma y engrosa las cifras de homicidios en el país centroamericano con mayor presupuesto en Seguridad y Defensa. Ante la problemática, las autoridades y altos funcionarios en materia de Defensa han establecido una serie de mecanismos acuerpados en un plan, según lo expresado por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez y también por los titulares del despacho de Seguridad y Defensa, Ramón Sabillón y Manuel Zelaya, respectivamente. “Hemos descubierto que anualmente, la extorsión se lleva alrededor de 18 mil millones de lempiras solo en cobros, eso representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo el director de Seguridad y Justicia de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.

1 Víctimas

El informe de ASJ revela que el 9 por ciento de los hogares hondureños, es decir 206 mil 623, han sido víctimas del cobro de la extorsión, entre ellos los pequeños y medianos comerciantes, mercaditos, pulperías, vendedores de tortillas, así como el rubro del transporte público.

2 Cifras

Un aproximado de 18 mil millones de lempiras pagan los hondureños por el cobro de la extorsión, lo que equivale a 737 millones de dólares al año, por su parte, el sector transporte de la región hondureña, paga entre 50 y 55 millones de lempiras al mes, según lo detallado por los empresarios del rubro.

3 Estrategia

El plan integral antiextorsión contempla ocho ejes estratégicos, entre ellos: el operativo, tecnológico, reforma al estamento legal, comunitario, reforma al sistema penitenciario, gestión interinstitucional, educativo y presupuestario.

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