El periodismo hondureño continúa en alerta, luego de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Ejecutivo PCM- 023-2022, en donde resalta que se realizará un diagnóstico a los medios de comunicación del país, situación que pone en disyuntiva el derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión. Por su parte Ariel Díaz, miembro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, refiere que es el propio Estado quien debe hacer valer y respetar estas garantías Constitucionales.
Hermes Moncada, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, considera que si este PCM afectará el flujo de información y coartará la labor periodística no deberá ser permitido.
Mientras que, para la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, esto es un atentado contra la labor que día a día realizan los profesionales de la comunicación en la región.
Lo que intenta el Gobierno, es todo lo contrario a causar una alarma, ya que se busca lograr una interlocución ordena y democrática, afirma el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de Maria y Campos.
El Derecho a la Información Pública, es determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cualquier violación por parte del Gobierno será denunciada desde diferentes organismos que velan por las garantías Constitucionales, según defensores de derechos humanos.
