En un país, como Honduras, en donde no se cuentan con planes nacionales de desarrollo de mediano y largo plazo, ni con algún instrumento de planificación del desarrollo y que la función de la planificación nacional está a cargo de las Secretarías de Estado del área económica, que concentran las funciones de planificación y finanzas, es extremadamente difícil implementar un plan de gobierno a ejecutarse en el 6 por ciento de tiempo de un mandato de 4 años, sin caer en la especulación y la improvisación.
Tomar decisiones sin una planificación estratégica, sin socializar con los principales actores sociales y centrar la atención en ejecutar medidas urgentes sin considerar cómo se toman esas medidas, con quiénes, a partir de qué diagnóstico, con qué calidad de información, en base a qué acuerdos, con qué objetivos y visiones de largo plazo y con qué recursos humanos calificados y presupuestarios se cuenta, puede ser perjudiciales para generar perspectivas institucionales de largo plazo.
Sin embargo, el 17 de enero del 2022 el Gobierno de Xiomara Castro mediante una presentación hecha por el “Laboratorio de Gobierno, Innovación y Políticas Públicas de Libre”; hicieron público los temas que buscaría abordar en sus primeros 100 días a partir del 27 de enero, fecha en la cual tomó posesión.
Según esa presentación hay 18 temas que incluye el plan, tales como la creación de la Secretaría de Planificación Económica y Desarrollo Social, derogación de fideicomisos, adecuación de exoneraciones fiscales, recuperación de empresas estatales (ENEE y HONDUTEL), revisión de contratos de energía térmica, instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad con el respaldo de Naciones Unidas, eliminación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), consultas populares para garantizar una democracia participativa, una democracia directa, derogación de la Ley de Secretos Oficiales, aplicación de un subsidio a las personas que consuman menos energía eléctrica en el país, indulto para presos políticos y otros.
Ahora bien, pretender evaluar la gestión gubernamental en estos primeros 100 días, tomando como base únicamente la lista de 18 actividades a ejecutar en este tiempo y que fueron promesas de campaña y hacerlo como un simple “check list” emitiendo juicios de valor es irresponsable y prematuro, si consideramos que para hacer una evaluación seria se necesita definir los indicadores, elegir un método y generar un instrumento que valide el análisis, pero a la luz de la experiencia no se observa un planteamiento concreto de cómo encarar los problemas estructurales de desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad que aquejan al país y que de esperanzas de concretar objetivos estratégicos.
De lo que no hay duda, es que en el imaginario popular, tomar muchas decisiones es sinónimo de fortaleza, capacidad de gestión y potencial efectividad de un Gobierno y esos primeros 100 días tienen un significado simbólico que son interpretados muchas veces como un barómetro del poder del presidente entrante y es utilizado como un dispositivo comunicacional en sí mismo, con el objetivo de utilizar dicha fuerza social acumulada para concretar la acción política de lo propuesto y capitalizar la conquista popular.
