Las protestas y estallidos sociales demandado transparencia, como la marcha de las antorchas patrocinadas por los auto llamados “indignados” marcaron la coyuntura política de Honduras en el 2015, exigiendo entre otras cosas la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), luego de estallar el escandaloso caso de desfalco y malversación los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), demanda que fue sofocada.
Sin embargo, después de un proceso de dialogo el 19 de enero de 2016 la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno hondureño firmaron un convenio para la integración de la MACCIH, por un periodo de 4 años, permitiendo finalmente se instalara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, pero en diciembre del 2020, el Poder Legislativo recomienda al Poder Ejecutivo no renovar el convenio, tirando a la basura una exitosa experiencia de persecución y castigo a los corruptos nunca antes vista en el país. Ahora, con el propósito de cumplir con una de las promesas de campaña de la Presidente del país, y cuyo compromiso lo ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022; “ La Secretaría de la ONU desplegó a Honduras un equipo de tres expertos quienes arribaron al país el 10 de julio, para brindar asistencia técnica en relación con el eventual establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado en diciembre de 2022, entre la Secretaría de la ONU y el Gobierno de Honduras.
En el mismo comunicado, la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que el equipo de expertos de la ONU evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento; contribuirá con las actividades de asesoría y asistencia técnica; e identificará las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo.
El trabajo del equipo de expertos de la ONU es de naturaleza técnica y se desarrollará involucrando a una amplia variedad de actores, por lo que se infiere que el proceso recién comienza y la voluntad política del partido en el gobierno jugará un importante papel en el logro de conseguir que un sueño largamente acariciado se convierta en una realidad.
Y, finalmente, el comunicado recalca que “El futuro mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo sólo dará inicio cuando: (a) el Secretariado de la ONU y el Gobierno de Honduras acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento, (b) un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado un mandato y (c) el acuerdo bilateral negociado entre la ONU y el Gobierno de Honduras entre en vigor. En ese momento, y para garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía, la dirección del mecanismo sería designada por el secretario general. Las condiciones son concretas y no da oportunidad de utilizar políticamente una legítima aspiración en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
