El mensaje de la Conferencia Episcopal firmado por los obispos hondureños sobre la situación que vive la sociedad hondureña, hecho público el 11 de octubre 2022, sigue manteniéndose vigente y siendo útil para escudriñar los acontecimientos de un país con enormes desafíos, marcado por la violencia que no disminuye, frágil y vulnerable a causa de eventos meteorológicos y climáticos extremos, como lluvias torrenciales, sequías; con una creciente impunidad ante la corrupción y el narcotráfico; con políticos empeñados en el bien particular y partidista por sobre el bien común. Sin embargo, Honduras no se detiene en su afán de conseguir consolidar una ruta de desarrollo y respeto a la institucionalidad a pesar de los obstáculos, que crean incertidumbre en la población, especialmente ahora, que se está en el proceso de seleccionar y elegir los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia por 7 años, según lo establece la ley. Para lograr dicho cometido es necesario que los actores directamente involucrados en este proceso cumplan con lo dispuesto en la normativa que establece los lineamientos a seguir y realizar una elección de magistrados independiente, transparente para el fortalecimiento de la institucionalidad de un Estado de Derecho” según lo consigna el documento -Proceso de selección y nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia: Estudio de caso para Honduras: autores Lauren Ocampos Aguilera y Wilfredo Méndez González-.
De ahí que los obispos conscientes de que en el caso de la elección y juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional fue realizada bajo procedimientos poco ortodoxos, puede desencadenar en un proceso de nulidad de todo lo actuado, expresan que “es necesario que todos los ciudadanos exijamos a nuestros representantes en el Congreso Nacional, que deben escuchar la voz de la mayoría del pueblo, un ejercicio recto de la justicia, para que la elección no sea partidista”.
Y continúan diciendo “Nos preocupa sobremanera la incertidumbre que existe entre la ciudadanía hondureña y sectores de la comunidad internacional, sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, a la luz del artículo 195 de la Constitución de la Republica. Y añaden, instamos a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como otros entes afines, se pronuncien sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al correcto caminar democrático del país”.
De tal modo, que vemos oportuno hacer mención de las palabras citadas por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) al decir: que el buen funcionamiento del sistema de justicia es un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva, en la que existe una relación de pesos y contrapesos entre poderes y se respeta el Estado de derecho. Este es el camino que nos llevará a la paz social que tanto anhelamos. Porque la situación que vive Honduras, no es un asunto primordialmente económico, ni político, es mucho más profundo que eso; es un tema moral puesto que la pregunta que todo hombre se hace de cara a la vida ¿qué debo hacer? ha de estar, desde hoy, centrada en el otro y no en uno mismo.
