En la actualidad, la corrupción se reconoce como uno de los mayores desafíos mundiales y es un tema muy presente en el discurso actual de diversos sectores de la sociedad; por un lado, hay interesados en “hablar del tema” con el propósito de acrecentar el caudal electoral durante una campaña política en busca de una posición de poder, o expertos que obtienen jugosos contratos como consultores internacionales sobre el tema, programas de televisión y radio que aumentan su audiencia. Pero para erradicar este hábito tan arraigado en nuestra cultura, no basta solo con “hablar de él”, la corrupción es un mal hábito, un rasgo cultural que, desde hace muchos años, se ha expandido de manera orgánica en prácticamente todas las estructuras sociales y por esta razón, requiere ser atendido de una forma más efectiva que la que se ha hecho hasta el momento. Sin olvidar que el problema en nuestro país no es la falta de leyes que prohíban y penalicen la corrupción, las normas existen, la cuestión es que no se cumplen y esa situación es, precisamente, donde radica la diferencia entre Honduras y otras naciones en donde se observa que se persiguen y castigan los casos de corrupción, alcanzando incluso los más altos niveles gubernamentales, llevando el combate a la corrupción del discurso a los hechos; al eliminar de raíz la impunidad que es el factor que alienta la actividad delictiva y a su vez, descompone a las instituciones y al tejido social.
El hecho de que no haya castigos o sanciones para los infractores motiva a estos a seguir rompiendo las reglas e incita a otras personas a actuar de la misma manera. Sancionar a quien incumple la ley es importante, porque surte un efecto disuasivo entre el resto de la población por lo que es imperativo asegurarse que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia , pasando por tribunales y juzgados , Ministerio Público y Fiscal General sea realizada bajo las más estrictas normas de la ética y la moral pues deben ser ellos los principales protagonistas en la lucha contra la corrupción, como garantes de la implementación de políticas integrales para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas, de ahí la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Una promesa de campaña y un clamor popular que surgió en 2015 tras quedar al descubierto un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) han dado origen a la solicitud ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), instauración que hace renacer una cautelosa esperanza porque no es por medio de un enfoque unilateral o unívoco como se podría dar cuenta de ella. El problema de la corrupción es tan amplio y está tan diversificado que lo peor que podría hacerse sería intentar enfocarlo exclusivamente desde una perspectiva jurista o desde los puntos de vista del político, o del economista o el psicólogo, todas esas perspectivas son desde luego relevantes, pero ninguna es la privilegiada, el enfoque debe ser sistémico.
