Dictan detención judicial al alcalde de Talanga y demás implicados

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A más de 24 horas de la captura del alcalde del Municipio de Talanga, Roosevelt Avilez, y su círculo familiar, quienes han sido señalado por el delito de lavado de activos y supuesto vínculo con el narcotráfico, un juez ha dictado la detención judicial al quedando programada la audiencia inicial para el próximo viernes 22 de octubre, según lo detallado por la portavoz de la CSJ, Lucía Villars.

A lo que la profesional del derecho y parte de la defensa, Doris Imelda Madrid, ha respondido que se esperará la audiencia Inicial y que se debe obediencia a un Juez, para luego presentar los recursos.

El funcionario público, fue remitido al Primer Batallón de Infantería, en donde permanecerá recluido mientras se desarrolla la audiencia inicial.

Escenario que no estaría descartando más implicado y aún más allá hasta se podrían estar dando procesos o solicitudes de extradición apunta el abogado y analista Fernando González.

Para el presidenciable y exmiembro de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, con estas acciones el partido al mando del poder solo es buscando esclarecer o transparentado los constantes  actos de corrupción.

Mientras las investigaciones de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, concluyeron que Avilez y su nucleo familiar, lavaron cerca de 400 millones de lempiras, recursos que estarían llegando del flagelo del narcotráfico.

El analista Raúl Pineda, ha reiterado que estas capturas por parte del Ministerio Público, se podrían estar repitiendo a pesar de solo contar con 40 días para las elecciones generales.

El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Publico, ha resaltado que el edil del municipio de Talanga no pudo justificar el patrimonio de más de 164 millones de lempiras, al igual que su esposa la aspirante a diputada un patrimonio de más de 157 millones de lempiras, así como el resto de sus familiares, con patrimonios de más de 21 y 23 millones de lempiras.

Investigación que ha tardo más de ocho años, lo que ha llevado a cuestionamientos y poner en duda el accionar del Ministerio Publico, siendo señalado como un tema distractor o cortina de humo, esto en medio de escenarios políticos.

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