El Gobierno prometió la depuración policial para favorecer la estabilidad y la integridad de la Policía Nacional, temática que dejó polémica entre expertos y analistas en materia de seguridad, esto por las acciones irregulares que se vivían durante el proceso que duró más de seis años.
El tema de los cambios en las fuerzas del orden, ha tomado mayor fuerza en los últimos días tras la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, quien perdió la vida por asfixia mecánica bajo custodia policial, según el resultado de la autopsia ejecutada por el Ministerio Público. Esta situación, llevó a las personas a las calles exigiendo justicia y la evaluación de las instituciones que garantizan la seguridad ciudadana bajo el lema de “Servir y proteger”.
“La depuración policial debe ser un proceso permanente y muy riguroso de los que aspiran ser parte de la institución policial”, reiteró la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, ahora miembro de la sociedad civil. “Las acciones de mejoramiento que se han continuado desarrollando dentro de la institución policial” según lo informaron exmiembros de la Comisión Depuradora, quienes a la vez reiteran que este ente de seguridad ha presentado el cumplimiento a los estándares que se requieren para darle una mejor cara.
Problemas Días después del crimen de la estudiante de enfermería, miembros de la Fuerza de Seguridad en el Transporte Urbano, supuestamente fueron parte de un enfrentamiento en donde perdió la vida un joven de 21 años, situación que hizo que se tomaran acciones de investigación, así lo detalló Allan Argeñal, titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) ente que está encargado de investigar todas las faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial.
“Ni la Policía Nacional, ni la DIDADPOL, estamos para encubrir a nadie, queremos esclarecer lo que realmente sucedió, para poder dar respuestas a los familiares y al pueblo hondureño y que se ejerciten las acciones en el ámbito penal” puntualizó Argeñal.En 2021 este ente investigador, ha remitido más de 10 expedientes de oficiales que han incurrido en delitos al Ministerio Público. De igual manera, se ha dado a conocer que el proceso depurativo ha dejado a más de seis mil funcionarios fuera de la carrera policial. Estas situaciones dejan un mal sabor de boca y desconfianza al interno de la sociedad, ya que según la población, no confían en las diferentes instituciones que conforman las fuerzas de seguridad y del orden público.
