Con el propósito de atender de manera responsable e integral la crisis por la cual atraviesan las finanzas públicas, el Congreso Nacional, aprobó un decreto que autoriza a la Secretaría de Finanzas para que aplique medidas pertinentes en materia de racionalización y disminución del gasto público.
El objetivo del decreto aprobado es realizar todas las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para disminuir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos en el porcentaje que sea necesario.
Las disposiciones de la presente Ley son de estricto cumplimiento para las empresas públicas no financieras, órganos constitucionales sin adscripción específica, Poderes del Estado, así como el sector público y privado que recibe transferencias que figuran en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
En cuanto a las asignaciones presupuestarias del Poder Legislativo, Poder Judicial; el Poder Ejecutivo a través Finanzas debe presentar ante el Congreso Nacional las medidas pertinentes de racionalización y disminución del gasto público, mismas que deberán ser discutidas y aprobadas por el Pleno.
Todas las Instituciones deberán realizar la reprogramación física y financiera de sus objetivos, resultados y metas, plan operativo, plan anual de compras y contrataciones, acorde al presupuesto ajustado producto de la disminución en el gasto público.
