Seis de los siete integrantes de la junta proponente para la elección del fiscal general y fiscal adjunto ya han sido debidamente acreditados ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, a la espera únicamente del representante de la sociedad civil, quienes tienen como fecha límite, el próximo 26 de mayo. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa, espera que prontamente se pueda tener a este representante, para que impere la transparencia en este proceso.
Está al frente de esta junta, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. Le acompaña Wagner Vallecillo, magistrado de la sala constitucional. Por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está su titular Blanca Izaguirre. El colegio de Abogados de Honduras (CAH) designó al jurista Alejandro Hernández. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras eligió al abogado Odir Fernández, mientras las universidades privadas designaron al economista Julio Raudales. Raudales, espera que la selección sea por meritocracia y no por seguir una línea partidaria, por lo que invita a los abogados a postularse en este importante servicio a la nación.
Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, el problema no será la labor de la junta proponente, sino el actuar político en el Hemiciclo Legislativo. El próximo 26 de mayo, se realizará una asamblea con los integrantes de Sociedad Civil para elegir a su representante, teniendo como veedor de este proceso a la secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
