El asesinato de la ambientalista Bertha Cáceres, hecho que ocurrió el pasado tres de marzo de 2016, en la Esperanza Intibucá, dio inicio a una lucha constante por parte de los defensores del medio ambiente en Honduras, quienes entre bajos y altos se enfrentaban a exigir justicia.
Cinco años después de presentarse todos los medios probatorios, contra funcionarios, administradores y empresarios de DESA, quien en su momento mantenía operaciones sobre el río Gualcarque, siendo considerado un territorio ancestral del pueblo indígena lenca, se logra el fallo condenatorio para el coautor del crimen, Roberto David Castillo.
En 2018, varios ciudadanos fueron condenados en este mismo caso, lo que hizo incrementar los niveles de exigencia y protestas por las comunidades indígenas de la región hondureña, lo que hoy entre abrazos, lagrimas, gritos celebraban y a su vez exigían llegar hasta los actores intelectuales.
El Ministerio Público, ha calificado la condena del empresario Roberto Castillo, como un fallo de culpabilidad histórico, quedando programado la audiencia de determinación de la pena, para el tres de agosto, según lo informado por el portavoz Yuri Mora.
Causa que aún continua abierta y se trabaja para llegar hasta los autores intelectuales, teniendo piezas claves como la intervención y vaciados telefónicos, lo que el Tribunal de Sentencia por la unanimidad de votos declarará culpable a Castillo.
Dada la cronología que tuvo el caso en el tribunal, esto era la crónica de una sentencia anunciada, así fue catalogado por la defensa de quien fue encontrado culpable como coautor del asesinato de Cáceres.
La primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández.
Lo último que se dio a conocer entre las actividades de la hoy desaparecida ambientalista Berta Cáceres, fue el 25 de febrero de 2016, cuando denunció el desalojó de 50 familias, esto por parte de policías y militares, de igual manera la activista ambientalista denunció el asesinato de cuatro de sus compañeros, esto bajo constantes amenazas.
