Como un tema muy personal ha catalogado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, el combate de la lucha contra la corrupción, esto ante casos emblemáticos que han surgido en manejo de la emergencia sanitaria.
Tarea que debe prevalecer continúo señalando el funcionario del poder judicial en el Estado de Honduras, pero para la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, ha reiterado que este flagelo es el génesis de muchos problemas sociales, mismos que serán muy difíciles de resolver.
La corrupción no es más que una amenaza real, factor que ha tomado los tintes más oscuros en la pandemia, haciendo vivas las palabras del famoso refrán, “rio revuelto ganancia de pescadores”. Profesionales del derecho y miembros de la sociedad civil figuran como un flagelo estructural, que requiere un enfoque progresivo para contrarrestarlo.
El caso de los “hospitales móviles”, ha sido la especie de bandera, ante las pocas o malas funciones ejecutadas desde los poderes del Estado, para dar una verdadera administración a los escenarios, sociales, culturales, políticos y sobre todo sanitarios que se han anclado y hecho de las suyas en la población, siendo al final la más afectada.
