Este protocolo de entendimiento fue firmado por el Padre Guerrero, Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, y por Alessandro Cassinis, Auditor General: las dos autoridades trabajarán aún más estrechamente para una aplicación más eficaz de las normas de transparencia y competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y el Vaticano.
“Las dos Autoridades de la Santa Sede dice el comunicado, colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción y en la aplicación efectiva de las normas recientemente aprobadas sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Alessandro Cassinis afirmó que es te es otro acto concreto que demuestra la voluntad de la Santa Sede “de prevenir y combatir la corrupción dentro y fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, y que ya ha dado importantes resultados en los últimos meses”.
Asimismo el Padre Guerrero subrayó que la lucha contra la corrupción “además de representar una obligación moral y un acto de justicia, permite también combatir el despilfarro en un momento tan difícil por las consecuencias económicas de la pandemia, que afecta a todo el mundo y afecta en particular a los más débiles, como ha recordado repetidamente el Papa Francisco”.
El pasado mes de junio se aprobó el Código Único de Contratos y Adquisiciones, una ley marco que contiene normas válidas para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano sobre la transparencia, el control centralizado y la competencia en los procedimientos de adjudicación, con el fin de permitir una mejor gestión de los recursos y reducir el peligro de corrupción.
El Papa aprobó en enero de 2019 el nuevo Estatuto de la Oficina del Auditor General en el Vaticano, elevándola a autoridad anticorrupción, fortaleciendo así sus funciones.
