Mediante la secretaría del Congreso Nacional, la Bancada del Partido Salvador de Honduras, ha presentado en las últimas horas un proyecto para reformar el decreto de la Amnistía Política, el que ha beneficiado a un grupo de exfuncionarios que en su momento fueron cuestionados por vínculos en casos de corrupción.
La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, hace referencia a los delitos que no pueden ser admitidos en dicho decreto.
La normativa incluye delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
De acuerdo a diputados de la bancada del Partido y Libertad y Refundación, es necesario un análisis y estudio de lo presentado y a su vez opinan que no es un tema como para bacilar la instalación de la Comisión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, ya que no ha sido condicionante de las Naciones Unidas, así lo refiere el diputado Francisco Barrios.
Por su parte, el diputado que dirige el primer poder del Estado, Luis Redondo, ese no es la forma ni mecanismo de presentar proyectos de ley, señalando que desconoce lo que fue presentado en la secretaría del Hemiciclo Legislativo. Esto a pesar de ser parte del instituto político que busca la reforma al cuerpo legal.
De igual forma, quienes fueron requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra la destitución del expresidente José Manuel Zelaya Rosales del poder, hoy asesor presidencial de la Presidenta Xiomara Castro, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
Cabe señalar que, la amnistía abarca a personas que se desempeñaron como funcionarios, durante la administración gubernamental del periodo del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado.
