La Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Honduras ha sido objeto de intensas críticas por parte de organismos de derechos humanos, que acusan a la institución de cometer abusos y violaciones en el marco del prolongado estado de excepción. La PMOP ha sido señalada por su presunta implicación en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las cárceles que ahora controla, una responsabilidad que le fue otorgada por el gobierno de Xiomara Castro como parte de su estrategia de seguridad.
Creada en 2013 como una fuerza de seguridad durante el mandato de Juan Orlando Hernández, la PMOP se ha consolidado como la imagen de la “mano dura” en la administración de Castro, a pesar de que el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), prometió desmilitarizar la seguridad al asumir el gobierno. Lejos de cumplir esa promesa, el gobierno ha ampliado las funciones de la PMOP, dándole el control de importantes áreas territoriales marcadas por la violencia y el crimen organizado, como el corredor del narcotráfico.
Las críticas han aumentado tras la reciente propuesta del coronel Muñoz de reducir la edad penal para que los menores de edad puedan ser juzgados como adultos. Según Muñoz, esta medida es necesaria para combatir eficazmente el crimen juvenil, en particular el relacionado con maras y pandillas. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una fuerte oposición de grupos defensores de derechos humanos y de la niñez, quienes argumentan que bajar la edad penal violaría los compromisos internacionales de Honduras en materia de derechos del niño.
Muñoz ha adoptado un tono desafiante frente a las críticas, llegando a retar públicamente a los defensores de derechos humanos a que lleven a menores infractores a vivir con ellos para ver “cómo les va”. Este tipo de declaraciones, junto con las restricciones impuestas por la PMOP a las visitas de familiares y organizaciones humanitarias en las cárceles, han incrementado las tensiones con la sociedad civil y han llevado a cuestionar la dirección que está tomando la política de seguridad en Honduras.
A pesar de la creciente inseguridad y las denuncias de violaciones de derechos, la PMOP sigue siendo una pieza central en la estrategia del gobierno, lo que refleja un giro hacia la remilitarización de la seguridad en el país. Sin embargo, los resultados de estas políticas son cuestionados, ya que la violencia y el crimen no han disminuido, mientras que las preocupaciones por el respeto a los derechos humanos aumentan.
