Como se recordará, fueron siete unidades de atención médica para pacientes con COVID-19 que compró en los primeros meses de la pandemia el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), a un costo de más de 47 millones de dólares, por lo que las investigaciones continúan según la oficina de comunicaciones del Ministerio Público.
Escenarios que solo dejan entre visto que no hay un orden por parte de la Secretaría de Salud y por el actual Gobierno de la República, manifiestó la profesional del derecho y miembro de la Coalición Contra la Corrupción, Fátima Mena.
Para miembros de la sociedad civil, la responsabilidad no puede caer solo en el Ministerio Publico, el Poder Judicial de Honduras también deberá jugar un papel fundamental y hacer aplicar la ley, a quienes han violentado el derecho a la vida y a la salud.
Por el caso “Hospitales Móviles”, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, altos ex directivos de INVEST-H, acusados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude y quienes guardan prisión por este mega fraude.
Causa en el cual también se imputó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario y contra quien el MP logró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenara el aseguramiento de L101,777,602 (ciento un millones, setecientos setenta y siete mil, seiscientos dos lempiras) que equivalen a más de cuatro millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems propiedad del guatemalteco.
