En las próximas horas se estaría presentando al Ministerio Público el abogado Abel Orellana, en representación de un numeroso grupo de policías que fueron destituidos de sus cargos, con el fin de interponer una denuncia en contra de la comisión depuradora de policías, por considerar este acto inconstitucional y arbitrario.
Según el comisionado policial en condición de retiro, Leandro Osorio, las demandas superarían los mil millones de lempiras y agregó que, al menos el 85% de los agentes que fueron depurados serían reintegrados al ente policial.
Entre 2016 y 2019 se realizó gran parte de esta depuración, promovida en el gobierno de Juan Orlando Hernández, según el decreto 21-2016, que ha dejado fuera de esta entidad de seguridad a más de seis mil agentes según informes que ha generado la ASJ.
