Las últimas protestas que han afectado a varios sectores, desde la salud, hasta la educación, han venido dándose cada semana y se han convertido en el “pan diario” para las autoridades de Gobierno, que en muchas ocasiones tienen que salir al paso para poder dar paliativos a las exigencias de los manifestantes, quienes tienen derecho a expresar su descontento.
Organismos como Amnistía Internacional, han estado muy atentos ante la situación que atraviesa Honduras en este tipo de manifestaciones, y a través de una carta pública dirigida a la presidenta Castro expresa que “Ya es momento de ver resultados y demostrar la voluntad de su Gobierno que requiere la población en Honduras, y es tiempo de cumplir con algunos compromisos mínimos para que las personas puedan vivir en su país dignamente”.
Por otro lado, este mismo documento resalta que “Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina, cifra que alcanza el 82% de la población rural que vive en una condición deplorable”.
Justicia Otro de los problemas que mantuvo a Honduras en vilo, fue la crisis en el Ministerio Público (MP), en el que por varios meses, estuvo trabajando a medio vapor por las exigencias de mejoras salariales en sus empleados. A esto se le quiso dar un matiz político, porque muchos dijeron que lo que se buscaba era la destitución del fiscal general Óscar Chinchilla. En este sentido, el sociólogo Armando Orellana, argumentó que se debe retirar a los representantes de la Corte Suprema de Justicia de la proposición de candidaturas a ocupar el puesto en el MP.
“Recordemos que un fiscal tiene que hacer valer el ejercicio acusatorio en representación del Estado y en algunos casos, podría enfrentar al presidente de la Corte o a la Corte”, añadió.
Malestar
Algunas personas son del criterio que se quiere lograr una desestabilización en el país. La misma presidenta Castro, ha dicho en su cuenta de Twitter que ella tiene el conocimiento que se quiere crear el caos por parte de algunos grupos, lo que ha preocupado a varios sectores. Uno de los temas que mantiene enfrentado al sector empresarial con el Gobierno, es la aprobación de la nueva Ley de Justicia Tributaria, esto porque, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), esta normativa atentaría contra sus negocios y afectaría en gran medida a los micro empresarios.
Ante esto el jefe de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, opinó que el problema en relación a la propuesta de esta normativa, se debe a la falta de información clara que explique de manera concreta cuáles serán los beneficios de la misma. “Si el Gobierno, de manera clara y transparente, dice ‘voy a quitar esta reforma que nos da tanto y nos va a aportar más beneficios de los que tenemos’, tendríamos más claridad, pero solo se habla de eliminar regímenes sin saber cómo quedará el país, generando incertidumbre”, manifestó el catedrático.
Finalmente, el expresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y obispo emérito de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, en el evento que se le hizo para poder agradecer su labor como líder en esta diócesis, dijo que “Espero, deseo, suplico ese mayor diálogo, esos acuerdos por el bien de Honduras, que en un mediano plazo veamos un caminar que nos saque de la situación de pobreza extrema, ofrezca educación, salud y empleo”.
Se necesitan políticas para atender exigencias
Diferentes sectores o gremios, llegan a apostarse en los bajos del Congreso Nacional para exigir a los legisladores la aprobación de presupuestos, plazas y otras exigencias que tienen que pasar por este poder del Estado. Por otra parte, los que se quejan en las calles, queman llantas y obstaculizan el paso vehicular, por lo que se ha necesitado de la presencia de agentes de la Policía Nacional. Recientemente, se anunció que algunos colectivos del mismo Gobierno, se tomarían las instalaciones del Hospital San Felipe, pero los empleados de este centro asistencial, no aceptan que se den estas situaciones simplemente, porque se quieren asignar plazas a los militantes del partido en el poder. Eso se vivió hace unas semanas en el centro de salud Alonso Suazo, que estuvo tomado por varios días.
