FMI aprueba $223 millones para ayudar al país a cubrir las necesidades urgentes derivadas de la pandemia COVID-19

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy la segunda revisión del desempeño de Honduras en el marco de su programa respaldado por el Acuerdo Stand-By y la Facilidad de Crédito Standby de dos años. Este programa fue aprobado el 15 de Julio del 2019 por un monto de aproximadamente US$308 millones (DEG 224.82 millones), equivalentes al 90 por ciento de la cuota de Honduras en el FMI , el día de hoy  también aprobó un aumento en el nivel de acceso de ambos acuerdos por aproximadamente US$223 millones llevando el acceso total bajo el SBA y el SCF a aproximadamente US$531 millones (DEG 387.19 millones, 155 por ciento de cuota).

La conclusión de la revisión pondrá a disponibilidad de Honduras aproximadamente US$233 millones (SDR 169.864 millones), para ayudar al país a cubrir las necesidades urgentes derivadas de la pandemia COVID-19 en la balanza de pagos y el presupuesto, incluidos los gastos más elevados en salud y beneficios sociales. A finales de marzo, con el fin de apoyar las respuestas de política a la crisis, las autoridades decidieron desembolsar los recursos disponibles en el acuerdo con el Fondo por US$143 millones (DEG 104.92 millones). Anteriormente, las autoridades le habían asignado al acuerdo un carácter precautorio.

La política monetaria sigue orientada a mantener la estabilidad de precios y un nivel de reservas internacionales adecuado, mientras se mantienen los esfuerzos para modernizar el marco de política monetaria y apoyar la transición a un tipo de cambio más flexible. Una buena administración tributaria ayudará a preservar los ingresos fiscales, lo que últimamente permitirá proteger los gastos críticos. Las autoridades esperan reanudar los esfuerzos de movilización de recursos una vez se disipe el impacto de la pandemia.

Se han incorporado al programa medidas importantes orientadas a fortalecer la gobernanza y facilitar el proceso de escisión de la compañía eléctrica nacional (ENEE). Las tarifas siguen reflejando el costo de proveer electricidad y al mismo tiempo incorporan subsidios para personas de menores recursos.

Las reformas también apuntan a mejorar los marcos institucionales para las Asociaciones Público-Privadas, la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y la lucha contra la corrupción; así como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo sobre el gasto de emergencia asociado con la pandemia.

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