Ante la sugerencia que ha emitido la Conferencia Episcopal de Honduras, en su más reciente mensaje, sobre la condición de la Junta Directiva del primer Poder del Estado, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha salido a su paso, reaccionando que la Corte Suprema de Justicia no debe aclarar ningún escenario, ya que los procesos han sido apegados a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo que dicta la Carta Magna de la República.
Recordando los escenarios y ahora antecedentes que se dieron en enero, donde dos juntas directivas buscaban dirigir este Poder Estatal, miembros de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos, sostienen que no es necesario seguir considerando si es legal o no, así lo señala Carlos Sierra.
Eder Mejía, como miembro de la bancada del Partido Nacional, reitera que existe un vacío de ilegalidad, lo que podría generar problemas en la institucionalidad y marcar una problemática a futuro, ante la elección del nuevo Poder Judicial.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción, este panorama es catalogado como puntos negros dentro de la historia hondureña, ya que existen vicios de origen, pareciendo un contexto de hecho y no de derecho, señaló el abogado César Espinal, miembro del ente investigador.
En su más reciente comunicado los Señores Obispos hondureños, han mostrado su preocupación, señalando en su escrito; “Nos preocupa sobremanera la incertidumbre que existe entre la ciudadanía hondureña y sector de la comunidad internacional sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional, a la luz del artículo 195 de la Constitución de la República. Instamos a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como otros entes afines, se pronuncien sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera correcto caminar democrático del país.
