Organizaciones de Sociedad Civil, en compañía de las autoridades de las secretarias de Gobernación, Justicia y descentralización y Lucha contra la Corrupción y Transparencia, realizaron este día una asamblea para definir el representante de este sector en la junta proponente que nominará a las personas que optarán a los cargos de fiscal general y fiscal adjunto. En dicha elección, se nombró a José Ramón Ávila, miembro de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), quien destacó la imperiosa necesidad de elegir un fiscal general que responda a los intereses del pueblo.
Con la elección del representante de sociedad civil, queda conformada la junta proponente. Está al frente de esta junta, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. Le acompaña Wagner Vallecillo, magistrado de la sala constitucional. Por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está su titular Blanca Izaguirre. El colegio de Abogados de Honduras (CAH) designó al jurista Alejandro Hernández. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras eligió al abogado Odir Fernández, mientras las universidades privadas designaron al economista Julio Raudales y la Sociedad Civil que eligió este día a José Ramón Ávila.
Wilmer Vásquez, espera que se creen los mecanismos que favorezcan a la transparencia en este proceso.
Sin embargo, este proceso se dio con controversia, ya que, al inicio de la sesión, se dio a conocer que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se excluyó de esta selección. Ante esto, así reacciona Rafael Jerez, oficial de asesoría legal del COHEP, así se pronuncia.
Esto, suma a las irregularidades que podría tener este proceso afirma Carlos Sierra, director de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), quien lamenta la falta de una ley propia para esta elección. Juan Carlos Aguilar, subdirector de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, lamenta que, en esta selección no se actuó de manera correcta al seguir los procesos y espera que esto no afecte la nominación de candidatos.
Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización detalló que la Junta Proponente deberá presentar una lista de cinco aspirantes al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto para dirigir el Ministerio Público en los próximos cinco años.
