Tras recibir arresto domiciliario por parte del gobierno de Nicaragua hace dos semanas, el obispo de la diócesis de Mataglapa, Rolando Alvarez, continua privado de libertad sin que se hayan formulado cargos en su contra. Junto a Álvarez también fueron privados de libertad cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.
Álvarez es acusado de “organizar grupos violentos” con el fin de “desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales” por parte de la Policia Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado prueba alguna en cuanto a estos argumentos.
El Centro Nicaraguense de los Derechos Humanos (CENIDH) ha dado seguimiento a este caso, expresándose en redes sociales en cuanto al estado actual de los capturados. Junto a ellos, el arzobispo de Managua el Cardenal Leopoldo Brenes, solicitó a la feligresia “confiar plenamente en el Señor, no en las estrategias.”
También Su Santidad el Papa Francisco se ha pronunciado en cuanto a la situación del obispo y sus acompañantes, pidiendo “un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.”
La captura del obispo Álvarez y sus 7 acompañantes se dio en el marco de un clima de persecución que actualmente vive la Iglesia Católica en Nicaragua, donde han sido tildados de “golpistas” y “terroristas”. Junto a estos arrestos están los exilios del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommetag y 18 monjas pertenecientes a la orden de Misioneras de la Caridad, el cierre de nueve estaciones de radio católicas y tres canales de televisión católicos, entre otras acciones en contra de la fe católica en el país vecino.
