“Un Poder Judicial independiente e imparcial es esencial para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Por ello, la elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presenta como crucial para el sistema democrático y requiere del fuerte compromiso de las instituciones y los sectores políticos y sociales a efectos de establecer y aplicar criterios de selección y nombramientos objetivos y transparentes basados en los méritos de los candidatos y candidatas” dijo la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano el 8 de julio 2022, pretensión que comparten todos los hondureños que aspiran a que los Magistrados, hombres y mujeres, sean escogidos según integridad, capacidad, competencia e idoneidad, libre de sesgos políticos partidistas.
La tarea y la búsqueda del sueño ya inició, al promulgar la nueva Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una normativa que reduce la discrecionalidad de los criterios de selección y que, a diferencia de la ley anterior, la limita a únicamente aplicar los instrumentos de evaluación bajo criterios técnicos y éticos establecidos para tal fin.
Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Claustro de Profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la sociedad civil y las centrales obreras podrán seleccionar hondureños que se han destacado internacionalmente en diversas áreas del saber, como sus representantes titulares o suplentes, con la intención de eliminar o reducir al máximo las injerencias indebidas de grupos de poder económico o político en la nominación de Abogados Notarios candidatos.
No hay duda que la independencia de los poderes del Estado es un principio esencial en un Estado democrático, de tal forma que la próxima elección de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, representa una oportunidad única para que Honduras, logre fortalecer la lucha contra la impunidad y corrupción e impida que la Corte Suprema de Justicia sea conformada por hombres y mujeres sin moral, sin principios, ni valores, motivados por el único interés de conseguir un instrumento de impunidad para sí mismos y para quienes son sus patrocinadores o compinches.
Los hondureños bien nacidos no son tontos ni ingenuos, pero esperan que el tráfico de influencias y las negociaciones secretas de este proceso sean neutralizados al máximo y que los 45 candidatos presentados al pleno del Congreso Nacional sean seleccionados sin la presión, coacción o interferencia de intereses de índole económico, ideológico, mediático, político o de cualquier otra naturaleza. Toda la atención y esperanzas están cifradas en el proceso que iniciará en la primera quincena de septiembre, cuando se instale la Junta que elegirá a los 45 candidatos finalistas a magistrados que llegarán al Congreso el 23 de enero de 2023 y que serán votados dos días después, el 25 de enero. Los sueños y las esperanzas de un Poder Judicial independiente y probo no son una utopía y desde este medio le apostamos al cambio.
