La finalidad de las prisiones ha ido cambiando a través de la historia y han pasado de ser un simple medio de retención para el que esperaba una condena o pena de muerte, a ser una condena en sí misma. Para quienes creemos que la cárcel debe cumplir los objetivos de reeducación, reinserción y rehabilitación, el anuncio del Estado hondureño del cierre de viejas estructuras carcelarias arcaicas y la construcción inmediata de dos nuevos centros penitenciarios de alta seguridad, fue una excelente noticia, pues creímos que estábamos ante una ocasión única de mejorar las condiciones de la población carcelaria y la infraestructura que se había vuelto inestable a partir de 1998: incendios, motines, fugas y masivas muertes de reclusos comenzaron a caracterizar la “crisis” del sistema penitenciario hondureño.
Sin embargo, siete años después, las cárceles de mayor seguridad en Honduras, en donde están privados de su libertad alrededor de 3 mil 200 miembros de pandillas, siguen siendo protagonistas de lamentables hechos violentos que ponen en evidencia la falta de control e ineficiencias en la gestión y administración en el interior de las prisiones y una total ausencia de profesionalismo para enfrentar un sistema penitenciario que arrastra miles de antiguos vicios sin resolver.
El mantenimiento de un sistema de prisiones adecuado y profesional es percibido como un compromiso social a la hora de incrementar la legitimación de las políticas públicas. El problema de la corrupción en Latinoamérica y particularmente en Honduras, afecta a muchos aspectos de la vida política y social, incluyéndose el sistema de justicia criminal. Sin embargo, la constante referencia a la problemática de la corrupción es utilizado con frecuencia como una excusa para no hacer nada y que, en último término, fomenta un sentimiento de derrotismo. La corrupción, sin duda, es un cáncer social, pero como una enfermedad puede ser curada o tratada.
Lo señalado anteriormente no debe tildarse de iluso o de un excesivo optimismo. La reforma penitenciaria constituye un verdadero desafío. La necesaria reforma penitenciaria, como cualquier cambio social, no acontece de un día para otro, sino que, por el contrario, va a tomar varios años y un considerable ejercicio de responsabilidad y duro trabajo, pero es una tarea impostergable. Consideramos que la prevención de la delincuencia, atacando las causas y no solamente los efectos de las conductas antisociales que perturban la convivencia ciudadana, debe ser la misión prioritaria del Gobierno y el objetivo primordial de la Pastoral Penitenciaria y de los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan en pro de la dignidad y pleno desarrollo en sociedad de todo ser humano.
Pues, el submundo marginal con sus carencias de alimento, vestido, vivienda, medicinas, trabajo, educación y con dolorosas migraciones debidas a estrecheces económicas que amenazan la supervivencia, es el medio en el que germina y prolifera la delincuencia que puebla de residentes los establecimientos penitenciarios. Lo ocurrido recientemente en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, nos compete e interpela a todos, pues es el reflejo de la incapacidad de la sociedad de solucionar de otra manera los conflictos sociales de gente que son víctimas de esta sociedad desigual de la cual directa o indirectamente somos responsables.
