El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es el instrumento de política económica y social más importante de un Gobierno, ya sea nacional o local. Asimismo, es una Ley que aprueba anualmente el Congreso Nacional. El objetivo más importante de un presupuesto es social puesto que es la manera en que se distribuyen los recursos para propiciar el bienestar de la población.
El presupuesto público permite garantizar a la ciudadanía derechos humanos básicos, tales como: la protección a la salud de la población y un medio ambiente sano (artículo 145 de la Constitución de la República), derecho a la educación y cultura (artículo 151 de la Constitución de la República) y derecho a la seguridad social (artículo 142 de la Constitución de la República). La mayoría de los ciudadanos hondureños consideran que el tema de presupuesto es complicado y difícil de entender, que no tiene importancia para el ciudadano común y corriente, que si hay o no hay presupuesto no les afecta “porque son pocos los que comen del Gobierno”, además, se percibe que ni ahora, ni nunca la información consignada ha sido abierta, transparente y accesible, a pesar de que la participación ciudadana debe considerarse como un derecho y un deber para conocer el destino y uso de los recursos del Estado.
En Honduras, el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Esta situación de ilegalidad ha generado una estela de preocupación, no solo por los efectos socioeconómicos que podría tener para el país, sino también, por los supuestos compromisos políticos que habrían impedido su aprobación en diciembre 2022, sobre todo, cuando se aproxima la elección de los miembros que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Y aunque el artículo 368 de la Constitución de Honduras prevé una situación como la que vivimos manda que: “Cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el Presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente al período anterior”, que fue reformulado en abril 2022, pero esto cambió luego de haber sido consensuado en horas de la madrugada del pasado 12 de enero. Si esto no hubiera ocurrido, hubiera implicado que el país no contará con un programa de inversiones públicas lo que impedirá la reactivación de los sectores productivos que son los que generan nuevos empleos. Así es, que esto generó estrés financiero en el país, al mantener una expectativa constante basada en el día a día y en algunos registros históricos, manejándose por el principio de acción reacción, es decir, sin planificación, ni objetivos claros, situación nada esperanzadora para un país sumido en la pobreza.
