Diferentes sectores del país, se han solidarizado y han rechazado enérgicamente las amenazas que recibió la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, mismas que, según trasciende, iniciaron luego que el CNA presentará un informe detallado sobre el nepotismo que se está dando en la actual administración.
Esta noticia, trascendía ayer en los diferentes medios de comunicación y mientras un sector del gobierno, desmentía tales amenazas señalando que, su salida del país, era estrictamente por temas ajenos a lo denunciado, esta mañana, la misma directora del CNA, ya fuera de Honduras, confirmaba dicha información. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, recibió la denuncia interpuesta por la abogada Castellanos y así se pronunció.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indica que, como organizaciones de sociedad civil, se solidarizan con la abogada Castellanos y advierte que, así como ella, muchos defensores están pasando por lo mismo. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), también mostró su preocupación, porque, no solo tienen que cuidarse del crimen organizado, sino de muchos sectores que, no responden adecuadamente a las críticas. Esta noticia, ha trascendido de forma internacional, provocando un rechazo conjunto a situaciones tan apremiantes como las amenazas. Alice Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, hace el siguiente llamado.
Por su parte, el dirigente político Gilberto Ríos, quien fue uno de los señalados por la denuncia del CNA, reacciona extrañado a esta denuncia, haciendo conjeturas de las últimas reuniones de Castellanos con la embajada americana. Otro de los señalados por nepotismo en la investigación del CNA, es el diputado Rasel Tomé, quien aseveró que, el gobierno, brindará todas las garantías correspondientes a la abogada Castellanos y su familia. Diversos sectores como el FOSDEH, la Red por la Equidad Democrática, así como partidos políticos, se pronunciaron condenando estas amenazas y solidarizándose con la abogada Castellanos y el CNA.