Luego de que fue emitido el requerimiento fiscal en contra de los exparlamentarios José Oswaldo Ramo Soto, Rodimiro Mejía y 12 hondureños más vinculados y señalados en casos de corrupción desarrollados desde en el Congreso Nacional, este día se ha designado un juez natural para conocer las causas, según lo ha dado a conocer el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) es una entidad, que ha venido trabajando esta línea de investigación desde hace muchos meses atrás según lo referido por el analista y profesional del derecho Kenneth Madrid, quien también asegura que calificar como una persecución política estas investigaciones, es faltarle el respeto al ente acusador.
Pero para los miembros de la bancada del Partido Nacional, esto si es una persecución política, asegurando que por eso altos exfuncionarios están buscando la nacionalidad en Nicaragua, así lo dice el diputado Erasmo Portillo.
A esto se le suma un acto de corrupción por parte del actual Gobierno, cuando solo se ataca a un grupo partidario, ya que no hay justificación ante los señalamientos, continúan diciendo miembros del ahora partido de la oposición.
Según la investigación, durante su periodo de funciones comprendido entre 2013-2017, los mencionados habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo e Impulso Solidario. Los investigados desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleos en Francisco Morazán, Cortés y Copán, sin embargo, solo se ejecutó el cinco por ciento aproximadamente y se desviaron un total de 18 millones 950 mil lempiras.
De igual manera, el diputado del Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda, ha reaccionado argumentando que las omisiones del fiscal general, las puede suplir la UFERCO, pero no con justicia selectiva.
De acuerdo a lo señalado en las últimas horas por el profesional del derecho y defensor de los mencionados, estos se estarían presentando de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia.
