Luego de la propuesta del titular del Poder Legislativo para la junta nominadora que estará encargada de elegir a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un estallido de controversias ha surgido en el Estado hondureño, siendo catalogada hasta como una “jugada sucia”, según lo dijo el representante de la bancada de oposición el congresista Nelson Márquez.
Ante los actuales escenarios pareciera que los políticos no quieren una nueva elección de la Corte Suprema de Justicia, dice el director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho.
La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en los últimos días se ha referido al tema, argumentando que es una semana esperanzadora y crucial ante la víspera del proceso de elección el próximo mes de enero.
Alice Shackelford, como representante del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, también mantiene la esperanza de que el proceso sea apegado en ley y no con intereses políticos como ha sido señalado por la oposición en el Congreso Nacional.
Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el Presidente del Congreso Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los Magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 enero. Si una
vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederé a la elección por mayoría calificada de la Totalidad de sus miembros.
Ante todo, este panorama el diputado Luis Redondo, siendo el titular de la junta directiva del primer Poder del Estado, expone que se ha apegado al margen de la Carta Magna, mientras sectores sociales exigen y consultan si se dará una reforma o el proceso se realizará con la normativa en vigencia.
