Recientemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCO) interpusieron una denuncia contra la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores por suponerla responsables de cinco delitos de abuso de autoridad.
El informe denuncia redes de corrupción en el otorgamiento de nombramientos y contratos a los hijos, nuera y círculos más cercanos de la ministra.
De acuerdo al informe presentado en el CNA, los actos de corrupción van desde aumentos salariales selectivos, hasta la creación de plazas y aprobación de acuerdos de nombramientos al margen de las leyes. Uno de ellos, otorgado por la misma Secretaria de Salud Alba Consuelo Flores a su hijo José Obdulio Montes Flores, en el puesto de asistente técnico especial III, con un salario de cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cinco con 60/100 (L42,635.60), sueldo que se paga de la secretaría de Salud, es decir, directamente de la cartera presupuestaria que maneja su madre.
El CNA verificó que el 1 de febrero de 2021, la ministra contrató a su nuera Fátima Owaldina Zúniga Valle, en el puesto de auxiliar administrativo, con un sueldo de treinta mil lempiras (L30,000.00), la cual posee un nivel de educación de secundaria y desempeña la tarea del escaneo de documentos.
- 15 plazas fueron canceladas por Salud para crear solo cuatro
En la denuncia, el ente anticorrupción logró constatar que, con la determinación de eliminar estas quince plazas para crear cuatro de estas, se ha violentado el derecho de estabilidad laboral de quince personas que por más de cinco años han desempeñado esos cargos bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, las cuales mantienen aspiraciones de ser nombradas de manera permanente, por la llegada de cierto tiempo de estar desempeñando esa labor bajo tal modalidad, y así mejorar su situación laboral y su estatus económico-social.
Otro de los puntos que señala el CNA es que la Secretaria de Salud Alba Consuelo Flores aprobó aumentos salariales preferenciales con la autorización de la Dirección General de Servicio Civil equivalentes a más del 70% del salario vigente para esa plaza violentando, sobre todo, lo que prescribe el artículo 150 del Decreto Legislativo n° 182-2020 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2021, en el que se prohíbe el otorgamiento de aumentos salariales.
