El pasado 3 de febrero, cuando aún en el Congreso Nacional se “navegaba en aguas turbulentas”, fue aprobado un decreto que serviría para hacer que se respeten los derechos de algunos presos políticos y otras personalidades. “La amnistía política será para quienes son verdaderamente víctimas de persecución política”, manifestaron en su momento los parlamentarios del Poder Legislativo, pero en los últimos días diversos sectores afirmaron, que se han otorgado varias cartas de libertad a exfuncionarios, quienes fueron vinculados y hasta señalados por casos de corrupción. Para el analista Efraín Díaz, lo que pasa en Honduras, es que el sistema judicial no ha sido totalmente independiente, lo que también debilita el Estado de derecho. Por su parte, el analista Omar García, acota que “La amnistía no es para corruptos, es para presos políticos y no para políticos presos”.
Elección El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, considera que la clave está en “Determinar a quiénes se les aplica esta amnistía, ya que han surgido muchas dudas debido a las personas que han sido beneficiadas hasta el momento”. Cambios Ante las constantes críticas por esta situación, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), acordó presentar un proyecto de reforma a la controversial amnistía política, según lo expresó Suyapa Figueroa, diputada de esta institución. Juan Carlos Aguilar, asesor legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), detalló que “la ley solo es retroactiva en materia penal y cuando beneficie al privado de libertad, por lo que una reforma no vendría a beneficiar una modificación”.
Gabriela Castellanos, como directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha señalado que hay cosas que vienen a impactar de manera tremenda al país. “Cuando un Gobierno condena con una mano a la corrupción y con la otra firma cartas de libertad, ese Gobierno está condenado al fracaso moral y administrativo”, manifestó en su momento la abogada Castellanos en su cuenta de Twitter. Finalmente, el analista y miembro de sociedad civil, Lester Ramírez, calificó esta situación como un “Cheque en blanco para que dejen en libertad a cualquier persona involucrada en un caso de corrupción”.
