Se cumple un año de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres fueron asesinadas. A pesar de que ocho personas han sido judicializadas, la investigación sobre la responsabilidad de funcionarios y custodios sigue sin arrojar resultados claros.
Familiares de las víctimas solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que los represente para ejercer la acción civil contra el Estado y pedirán al Ministerio Público una ampliación de la investigación. A la fecha, algunas familias han recibido una ayuda de 50 mil lempiras para gastos fúnebres, pero aún esperan una investigación completa sobre cómo se permitió el acceso de armas, combustible y otros materiales en la prisión.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que la masacre puso en evidencia la debilidad del sistema penitenciario hondureño, donde más de 500 personas han muerto bajo custodia estatal.
Familiares de las víctimas, en conjunto con la plataforma de organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) becas de estudio para los menores huérfanos a causa de la tragedia y una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público que incluya a los funcionarios y custodios involucrados.
La ASJ insiste en que es urgente que el Estado hondureño garantice justicia y resarcimiento a las familias de las víctimas y fortalezca el sistema penitenciario para evitar futuras tragedias.
