El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a Honduras a garantizar que las acciones contra el crimen organizado, incluidas en el Plan Nacional de Solución aprobado en 2023, cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.
En su último informe, tras el tercer examen periódico de Honduras, el Comité expresó su preocupación por algunas medidas del plan, como la clasificación de miembros de maras, pandillas y bandas del crimen organizado como “terroristas”, la prisión preventiva sistemática y el juicio colectivo de crímenes, entre otras.
El Comité urgió a Honduras a asegurar que “toda medida adoptada en la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel legislativo, institucional u operativo, se ajuste plenamente a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
También solicitó intensificar los esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños por bandas criminales mediante estrategias de sensibilización, prevención y respuesta temprana, así como fortalecer entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario, y proteger a los niños que rechazan unirse a dichas bandas.
El Comité expresó su preocupación por la prórroga sistemática del estado de excepción en el país desde 2022, argumentando perturbación de la paz y seguridad por parte de grupos criminales organizados. Señalaron haber recibido informes de violaciones de derechos humanos durante este estado de excepción, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones ilegales. Exigieron a las autoridades hondureñas investigar estas denuncias y asegurarse de que cualquier medida en el contexto del estado de emergencia sea “estrictamente necesaria, proporcional, temporal y sujeta a revisión judicial”.
El informe también destacó la situación en las cárceles del país y el proceso de desmilitarización iniciado en 2023, tras la muerte de 46 mujeres en una reyerta en un centro penitenciario. A pesar de la transferencia de la gestión del sistema penitenciario a autoridades civiles, el Comité lamentó que este proceso aún no haya concluido y mostró preocupación por las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad debido a actos de violencia contra reclusos.
