Posterior a la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández, la justicia hondureña debe buscar recuperar la credibilidad, ya que, en la actualidad, afirma el abogado Marlon Duarte, existe una inseguridad jurídica que ahuyentaría la inversión. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio sostiene el jurista experto en derecho penal Orlando Lozano, ya que, según la ultra territorialidad de la ley penal se puede investigar a todos aquellos que tengan nexos con el supuesto círculo de narcotráfico de Hernández.
Según Jorge González, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), esta organización tiene bajo su tutela 20 bienes muebles e inmuebles del exgobernante, entre ellas, una farmacia, un hotel, cría de peces, semovientes, caballos, empresa de aguas termales, cuentas de banco, entre otras.
