En los últimos doce años el sector transporte público se ha convertido en una “presa fácil” del crimen organizado por el ilícito de la extorsión, lo que hecho que pierdan la vida de forma violenta los operarios del rubro, ante la negación de pagar el mal llamado “impuesto de guerra”, lo que parece terminar nunca acabará.
Alrededor de doce rutas y puntos de taxis en Tegucigalpa y Comayagüela, fueron cerrados este día, así lo confirmado por el dirigente Wilmer Cálix.
A lo que autoridades de seguridad han respondido que se mantienen los operativos en las diferentes unidades, así lo confirmaba al equipo de prensa de Notifides, la portavoz de la Fuera de Seguridad en el Transporte Urbano, Helen Barahona.
Según Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, no existen denuncias por parte de los conductores que han reportado amenazas a muerte por parte de grupos antisociales.
Por su parte la población, es del criterio que debe existir mayor presencia policial y resguardo en los puntos de taxi, así como en las terminales de buses, más en las que están ubicadas en zonas de mayor conflicto con las maras y pandillas.
Otro de los escenarios que mantiene en alerta al sector público es las constantes alzas al precio de los combustibles, por lo que las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, han descartado incrementos a la tarifa del pasaje, a pesar de existir constantes alzas al precio de los carburantes afectándoles directamente. Estos medios son utilizados por más del 70 por ciento de la población, manifestó el comisionado Rafael Barahona.
Dirigentes del rubro, apuntan que el panorama no es nada alentador, por lo que piden al nuevo Gobierno buscar medidas, entre ellas bonos y subsidios, así lo manifestado por Marvin Galo.
Por su parte, los usuarios son del criterio que debe de existir un balance y no ser los más afectados, ya que la economía del hondureño no está en las mejores condiciones.
De continuar los incrementos al precio de los carburantes, el sector transporte es del criterio que las autoridades deberán crear mecanismos para paliar la situación, de no ser así, se darán incrementos a las tarifas ya establecidas en ley.
