A lo largo y ancho de la región de ALC, los últimos tres años serán recordados como un período de descontento y movilización social en América Latina y el Caribe. La ciudadanía salió a la calle, y las manifestaciones como las de Chile, Cuba, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador o México acapararon la atención de los medios y generaron respuestas institucionales de diferentes escalas. Si bien las medidas de contención de COVID-19 parecieron detener esa tendencia, vimos que las movilizaciones sociales volvieron a recuperar la atención durante la segunda mitad de 2021.
Usando datos de ACLED[1], este #GraphForThought examina cómo las protestas en la región han evolucionado desde 2018. En la Figura 1, observamos que el número de protestas, ha venido aumentando desde el primer período disponible en el primer trimestre de 2018, pero crece a una tasa mucho más rápida después del inicio de la pandemia, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2021. En su punto más alto, el número de protestas se duplicó en comparación con 2018[2].
![](https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/hirschman-in-the-tropics--social-tensions--covid-19-and-social-u/_jcr_content/bottomPar/columncontrol_0/col-1/image.img.png/1646787919051.png)
Sin embargo, esta tendencia creciente no se ve reflejada dentro de los países cuando desagregamos los datos. La Figura 2 muestra las tendencias para algunos de los países más grandes de la región: Brasil, Chile, Colombia, y México. Lo que vemos es que en algunos países las protestas reportadas permanecen relativamente estables, excepto por episodios discretos, en los que el número de movilizaciones salta durante un período corto de tiempo, entre tanto que en otros países se observa un incremento estable. En otras palabras, haciendo uso de categorías tomadas de la literatura de riesgos de desastres, podemos distinguir el margen “intensivo” del margen “extensivo” de las protestas. El margen intensivo se refiere a la magnitud de las manifestaciones en términos del número de personas y su visibilidad, y el margen extensivo se refiere a la persistencia de las demostraciones, incluso cuando estas no son tan visibles debido a su magnitud.
De esta manera, podemos pensar en las protestas “intensivas” como aquellas relacionadas con una alta severidad y una frecuencia media a baja, y las protestas “extensivas” como aquellas asociadas con una baja severidad y alta frecuencia. Ejemplos de eventos intensivos son las protestas que ocurrieron en el segundo trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2021 en Brasil; las del último trimestre de 2019 en Chile; y las del segundo trimestre de 2021 en Colombia. Estas son protestas que tuvieron una amplia cobertura mediática y recibieron atención internacional. México, por su parte, es un ejemplo de eventos “extensivos”, donde la tendencia creciente permanece estable, y no presenta episodios intensivos durante el período observado.
Los eventos intensivos son importantes porque son muy visibles y, a menudo, son más propensos a actuar como catalizadores de respuestas institucionales. En Chile, por ejemplo, los eventos intensivos observados en el último trimestre de 2019 eventualmente desembocaron en la creación de la Asamblea Constituyente. En Colombia, similarmente, vimos movilizaciones intensivas durante el segundo trimestre de 2021, que se fueron atenuando con el establecimiento de mesas de diálogo.
![](https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/hirschman-in-the-tropics--social-tensions--covid-19-and-social-u/_jcr_content/bottomPar/columncontrol_0/col-1/image_1591211637.img.png/1646787918935.png)
Las movilizaciones sociales, cuando no son violentas, son un mecanismo legítimo para que la ciudadanía exprese sus preocupaciones en las democracias participativas. En este sentido, las protestas pueden ser un síntoma de instituciones democráticas saludables y de participación ciudadana. Si existen mecanismos institucionales para procesar las demandas que incentivan la movilización ciudadana, estos pueden consolidar mecanismos horizontales de rendición de cuentas (donde los sistemas de controles y contrapesos son efectivamente institucionalizados dentro del gobierno). Sin embargo, cuando estas movilizaciones no encuentran los mecanismos institucionales para procesar sus demandas, estas pueden resultar en mayores frustraciones y descontento y, potencialmente, en violencia.
Es esencial promover canales institucionales efectivos y adecuados para procesar las tensiones que son intrínsecas al desarrollo (Hirschman, 1958). Si bien es probable que las protestas intensivas den lugar a respuestas institucionales, también es importante prestar atención a las protestas extensivas -aquellas que son más propensas a recibir menos atención de los medios- y desarrollar mecanismos, a nivel local y nacional, para abordar las demandas que las propician.
[1] De acuerdo con los documentos técnicos de ACLED, las protestas se definen como “manifestaciones no violentas, que involucran típicamente acciones no organizadas por parte de miembros de la sociedad”.
[2] Es más, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la tasa de crecimiento promedio del número de protestas para ALC fue 5.84%, y la tasa de crecimiento mundial fue de tan sólo 1.15%. A pesar de que, globalmente, la tendencia empezaría a reducirse después del primer trimestre del 2021, en ALC, esto no sucedería hasta después de alcanzar su máximo en el segundo trimestre de ese año.