Desde el inicio de la segunda década del presente siglo, el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de la Constitución de la República y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo-RED, con el Decreto Legislativo 123-2011. En octubre de 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de las RED, teniendo como consecuencia un golpe del Poder Legislativo al Judicial, acontecido el 12 de diciembre del mismo año.
Para junio del 2013, fue maquillada la Ley RED y convertida en la «Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES)», aprobada sin mayor oposición en el Congreso Nacional con el Decreto Legislativo 120-2013. Esta insólita, censurable y prepotente postura gubernamental, generó entre la ciudadanía un sentimiento de animadversión y desconfianza frente a la ejecución de la iniciativa. Las zonas de empleo son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias. Las zonas concesionadas serán objeto de la extracción y explotación de los recursos naturales por foráneos quienes las administrarán por cuenta propia.
Y aunque sus tribunales internos seguirían siendo parte del sistema judicial hondureño, en principio estarían habilitados para funcionar “de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón (Common Law)”, para lo que incluso podrían recurrir a jueces extranjeros. Las voces de protesta advierten sobre lo que consideran un experimento peligroso y una cesión de la soberanía.
Con ese marco conceptual podemos entender que las ciudades modelos contarán con un diseño administrativo y legal autónomo, lo cual dicta, que el gobierno huésped, poco o nada tendrán que ver con la dinámica económica y política que ahí pretende desarrollarse. Llama poderosamente la atención, el hecho que esta iniciativa gubernamental se ha mantenido bajo un estricto sigilo a pesar del alto grado de rechazo por parte de la ciudadanía en general.
El Gobierno en ningún momento ha abierto espacios para una amplia “socialización” de su proyecto, que permita conocer la sustentabilidad y viabilidad como su compatibilidad con los postulados de la Constitución de la República en materia de soberanía nacional. Cabe subrayar, que el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras hizo un llamado al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDES con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la “consulta libre, previa e informada” de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. Por el momento, las ZEDES dejan muchas dudas en la población. ¿Qué pasará con el territorio hondureño? ¿Se producirá la expropiación y desalojo tierras? ¿Habrá empleo para los hondureños y hondureñas?, ¿Quiénes serán los beneficiados con las ZEDES? o ¿Qué podemos hacer para evitar la instalación de las ZEDES en nuestro territorio? Son las preguntas más frecuentes que se escuchan por doquier. Lo antes expuesto, despierta razonables dudas sobre las intenciones reales de lo que se está poniendo a prueba. Las sospechas apuntan también a que detrás de estos emprendimientos se podrían enmascarar actividades ilegales como el lavado de divisas del narcotráfico.
