Bajo el titular “Gobierno hondureño anunció ayer (25 de julio 1994) su disposición de recibir temporalmente a unos 40 mil refugiados haitianos como una muestra de solidaridad. Carlos Roberto Reina firmó el sábado pasado la denominada Declaración sobre Haití junto con sus colegas centroamericanos, en donde se declaraban dispuestos a colaborar con el conflicto haitiano” (Diario el Tiempo, Casa Editorial-Colombia).
Así, reseñaba el periódico colombiano hace exactamente 27 años, las acciones encaminadas a colaborar con el Gobierno de EE. UU. en su afán de impedir el ingreso de haitianos a su territorio. En marzo de 1995, de conformidad con el documento citado, el exmandatario Carlos Roberto Reina apuntó: “Cinco meses han transcurrido desde la prescripción del plazo acordado en que los refugiados debían ser retornados a su país de origen o a cualquier otra localidad fuera del territorio hondureño.
Hemos insistido en nuestros requerimientos, no obstante, resulta verdaderamente vergonzoso, ultrajante y deshonesto el compromiso de la OEA y del Gobierno norteamericano en cumplir con lo estipulado. Evaden cumplir su compromiso”. De tal modo que desde entonces el problema ha estado ahí, las condiciones de marginalidad, de abusos, de cobros ilegales para otorgar salvoconductos para atravesar el territorio hondureño han formado parte del calvario de africanos, cubanos, haitianos y de otros países, tan lejanos como Costa de Marfíl, Ghana y Senegal.
El Departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, por muchos años ha sido un paso obligado para cientos de migrantes en su travesía con la intención de llegar a los Estados Unidos. Las políticas de recluir y retener de la década de los años 90 han dado un giro radical y ha dado paso a dejar fluir sin interrumpir, cuidando de los derechos humanos de las personas que emprenden un largo camino en busca de un sueño lleno de esperanza.
Pero, desde finales del año 2020, por alguna razón aun no establecida, el flujo migratorio ha sido desviado a la población de Trojes, un pequeño municipio del departamento de El Paraíso, una tierra de campesinos y ahora, refugio de cientos de pequeños grupos familiares que han ingresado de manera irregular a nuestro territorio por “puntos ciegos”.
La situación es caótica si aceptamos que Trojes no está preparado para acoger a tantos hombres, mujeres y niños en situaciones de vida irregular, un municipio invadido por 1,505 migrantes, de los cuales 1,048 son de Haití, según fuentes de del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tegucigalpa, sin disponer de un verdadero centro de atención para ellos. La situación no es fácil, pero como Iglesia católica “Queremos cumplir el mandato de Jesús y ofrecer según nuestras posibilidades, una noche de descanso, una cena o un desayuno, para que el paso de los migrantes haitianos por nuestro país sea menos difícil. No pararemos mientras haya migrantes que lo necesiten”, expresó el Obispo de la Diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales Motiño. Además, destacó “la falta de respuesta de las autoridades al problema migratorio”. ¡Dejar sola a la Iglesia que peregrina en Trojes al cuidado de los migrantes, no es una opción, debemos gestionar apoyo económico y alimentario! ¡Manos a la obra!
