Del 13 al 17 de febrero de 2023, se realizó en Honduras el análisis de la “Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF)” escala aguda, que abarcó el período diciembre 2022 a agosto 2023, analizando una población aproximada de 9.7 millones. El análisis se realizó bajo el protocolo internacional de la CIF, en los 18 departamentos del país y a nivel de las ciudades de San Pedro Sula y Distrito Central. La jornada fue coordinada por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y con el apoyo técnico de Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA), según lo reporta el boletín informativo de la Secretaría General del SICA.
Actualmente, en Honduras, según el informe CIF 2022, unos 2.6 millones de personas (proyección estimada) estarían en crisis o en emergencia de inseguridad alimentaria aguda, por lo que requerirán atención urgente. La crisis, refiere el informe, es producto de la marcada alza en el precio de los productos de la canasta básica y combustibles, una disminución en la producción de granos básicos como el maíz (65%) y frijol (75%) debido a razones climáticas, al limitado acceso a insumos o temor a la pérdida de las cosechas, incidiendo en un aumento a los precios de dichos alimentos básicos, base de la dieta del hondureño.
Los factores de riesgo a monitorear, recomendados por el mismo informe, son las condiciones subyacentes de pérdidas de cultivos, la baja estacional en las opciones de empleo rural, la progresión de la recuperación del empleo, la evolución de la pandemia del COVID-19, las limitaciones a la economía, el incremento de la migración irregular y el shock de precios de los productos de la canasta básica e insumos agropecuarios, que evidentemente se han incrementado de manera sostenida. Estos factores estarían influyendo en los patrones de consumo de la población, en particular los de bajos ingresos, mediante limitaciones de acceso y disponibilidad de alimentos.”
“Para ello, es necesario considerar diferentes estrategias a corto y mediano plazo como ser la ayuda alimentaria a los grupos mayormente vulnerables y claramente identificados, asistencia monetaria y redistribución de activos. Además, se requiere la pro- moción de huertos urbanos y caseros, la promoción del consumo de alimentos autóctonos revalorizados y su respectiva siembra, estabilización de la alimentación escolar para asegurar la alimentación de este grupo de población, fomento de la lactancia materna y alimentación complementaria con protección de la madre embarazada y lactante.”
Y combatir el hambre desde un enfoque de derecho humano a la alimentación para lograr que el Estado hondureño establezca un entorno jurídico, institucional y político, que permita a todos los ciudadanos alimentarse adecuadamente, ya sea produciendo alimentos o ganándose el sustento; de tal modo que la seguridad alimentaria se convierta en un derecho y no simplemente un objetivo de política o una acción caritativa porque reducir el hambre no es una opción o preferencia de los países, sino una obligación legal, en el cual se deben evaluar y enjuiciar las diversas políticas e iniciativas en el área alimentaria, agrícola, nutricional y económica en general.
