Honduras sigue registrando alarmantes cifras de muertes violentas, especialmente contra mujeres. En lo que va del año, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reporta 109 casos de muertes violentas de mujeres, un promedio mensual de entre 21 y 22 víctimas.
“La violencia contra la mujer no inicia con el feminicidio, sino con agresiones físicas, psicológicas y sexuales que terminan en formas crueles e inhumanas de asesinato”, lamentó Migdonia Ayestas, directora del Observatorio. Para ella, el problema es estructural: “Las políticas de seguridad se enfocan en los hombres, pero no en la violencia patriarcal que afecta a las mujeres”.
El año 2024 cerró con más de 270 muertes violentas de mujeres, sin que hasta ahora se logren frenar estos crímenes. La falta de investigación y judicialización —añade Ayestas— genera impunidad y profundiza la crisis.
Pero la violencia no solo golpea a las mujeres. El país registra más de mil homicidios en lo que va del año, con un promedio diario de entre seis y siete muertes violentas que afectan a hombres, mujeres, niños y jóvenes. “Honduras ocupa el primer lugar en Centroamérica en homicidios, el segundo en América Latina y el Caribe, y uno de los primeros a nivel mundial”, asegura la experta.
Los grupos más vulnerables son los jóvenes. Las edades más afectadas por la violencia oscilan entre los 10 y los 29 años, aunque el rango más amplio va de los 15 a los 39. “Es preocupante que los adolescentes estén en la línea de mayor riesgo”, advierte.
En cuanto a los territorios más golpeados, Ayestas señala que la violencia se concentra en zonas de alta presencia militar, policial y del crimen organizado: “Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Choluteca, Yoro y Olancho son los departamentos con mayor incidencia”.
La directora del OV concluye que la situación evidencia una institucionalidad débil y la ausencia de atención a los problemas estructurales del país: “Los riesgos que enfrentan las mujeres, la niñez, los jóvenes y la diversidad sexual son alarmantes. Se necesita una estrategia integral de seguridad que incluya prevención, investigación y justicia”.
