FUENTE: El País-
Haití vive en estas horas una guerra civil de baja intensidad que por el momento le ha costado la renuncia al primer ministro. Presionado por la comunidad internacional, Ariel Henry, que se encuentra en Puerto Rico por miedo a un magnicidio, anunció la noche del lunes que permanecerá en el cargo hasta la creación de un consejo presidencial de transición y la formación de un nuevo Gobierno que tome las riendas de un país en una situación muy crítica. Henry asumió el cargo en 2021, tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos. Desde ese momento no ha conseguido frenar la violencia de las pandillas que han sembrado el terror en Puerto Príncipe. Las bandas criminales habían pedido su renuncia como condición para una tregua y ahora queda por ver si eso reducirá los secuestros, homicidios y violaciones que se están produciendo a plena luz del día.
El país permanece incomunicado con el exterior después de que se hayan cerrado los principales aeropuertos. Los delincuentes han quemado comisarías, comercios, viviendas y el 2 de marzo asaltaron una prisión de la que se fugaron 3.600 presos. Ese fue el inicio de una nueva ola de violencia que las ineficientes y poco preparadas fuerzas de seguridad haitianas no han sido capaces de hacer frente. El asunto ha derivado en una crisis humanitaria. En este momento escasean los combustibles, el agua, la comida y los productos de primera necesidad que no han podido entrar por el puerto de la capital, que permanece cerrado. Cientos de contenedores continúan varados.
Estados Unidos y los países vecinos han tenido que involucrarse en la crisis. La Comunidad del Caribe (Caricom) por fin ha conseguido la renuncia de Henry, como venía reclamando desde hace meses, y la promesa de la conformación de un gabinete profesional que sea capaz de celebrar, con un mínimo de garantías, unas elecciones presidenciales, que han sido imposibles de organizar desde 2016 debido a la inestabilidad del país.
La dimisión de Henry fue anunciada casi de madrugada por Irfaan Ali, el presidente de Guyana, que ha adquirido una gran relevancia internacional pese a representar a un pequeño país debido a su enfrentamiento con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que desea arrancarle a Guyana dos terceras partes de su territorio por una vieja disputa fronteriza. El consejo en cuyas manos está el destino de Haití lo integrarán siete miembros con derecho a voto y dos sin él. Entre esos miembros con voz en ese gabinete se encuentra el partido de Moïse Jean-Charles, aliado de un líder rebelde que dio un golpe de Estado en 2004, que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero.
La comunidad internacional sabe que cualquier atisbo de tregua pasa por negociar con las pandillas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe. Antes dominaban los barrios más pobres, pero han extendido su poder por el resto de la ciudad. No resulta realista pensar en un escenario de relativa paz sin alcanzar con ellas un acuerdo.
La revuelta la lidera Jimmy Chérizier, alias Barbecue, un expolicía que había amenazado con desatar una guerra civil —esta sí de alta intensidad— si Henry no ponía su cargo a disposición. En redes sociales han circulado supuestas grabaciones de él comiendo carne humana. Aunque algunos son de tiempo atrás, han provocado la reacción de presidentes como el salvadoreño Nayib Bukele, que, envalentonado por haber acabado con las pandillas en su país, considera que podría solucionar una crisis de esta magnitud.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha insistido en la necesidad de frenar esta deriva caótica con la instauración de un nuevo Gobierno que permita mantener en pie las instituciones, por débiles que sean. Ahora mismo no hay ni asambleístas, a los que se les acabó su periodo en 2023 y por falta de comicios no han podido ser renovados. Blinken aseguró que la ayuda económica de la Casa Blanca se multiplicará por dos, lo que llevará la suma hasta los 200 millones de dólares (183 millones de euros).
Henry vivía su mandato con una continúa falta de legitimidad, ya que había asumido el cargo tras el asesinato de Jovenel Moïse en su propia casa, tras ser amordazado y torturado. Los asesinos se dieron a la fuga, pero algunos fueron interceptados y apaleados. Los que sobrevivieron, blancos latinoamericanos a los que era fácil identificar en las calles, continúan en prisión a la espera de un juicio que no ha podido celebrarse por la crisis general de Haití.
En paralelo, se ha intentado enviar al país una fuerza militar y policial de carácter internacional que dirigiría Kenia y tendría la supervisión de las Naciones Unidas. Hasta ahora no ha podido llevarse a cabo debido a la dificultad de organizar la logística de una misión de este calibre, parecida a las que intervinieron en la guerra de los Balcanes en los años noventa. A la espera de soluciones de esta naturaleza, la dimisión de Henry abre el horizonte a acuerdos políticos que pacifiquen una nación que ha alcanzado cotas de violencia inimaginables.
En los países vecinos existen retos y problemas acuciantes, pero nada comparado con lo que vive Haití. Su situación es límite. Por dar un dato, 15.000 personas se han quedado sin casa en estas semanas debido a los incendios y los saqueos. En las calles reina el descontrol y la locura. Una población vejada y dejada a la deriva exige soluciones urgentes.
