Ante el último accionar del titular de la junta directiva del Congreso Nacional, Luis Redondo, al mencionar el artículo 197 de la Constitución de la República, donde explica la expulsión de congresistas que no se presentan a sesionar, y luego de las acciones de protesta de la bancada del partido Nacional, al retirarse en su totalidad por no comenzar la reunión a la hora citada, la congresista de la bancada del partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, ha manifestado que se están dando errores políticos desde el mando del Primer Poder del Estado.
Por su parte, la juez de sentencia, Karla Romero, considera que desde lo irregular al no saberse si es legal o ilegal la junta directiva, por lo que esta situación debe ser aclarada por la Sala de lo Constitucional.
El Consejo Nacional Anticorrupción, bajo su directora ejecutiva Gabriela Castellanos, respalda el mensaje de la Conferencia Episcopal, y señala que es ilegal la junta directiva del Poder Legislativo.
Así mismo, el secretario en el despacho de Transparencia, Edmundo Orellana, ha dicho que existe un decreto que fue aprobado para exonerar el pago del fondo departamental, el cual deberá ser derogado en el Hemiciclo Legislativo, siendo una petición de las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
Todo este escenario y contexto pone en peligro el estado democrático de la región hondureña según lo explicado por parte de profesionales del derecho, reiterando que no se pueden repetir los panoramas y errores del pasado, señalando una ilegalidad en la relección del expresidente Juan Orlando Hernández.
